El 5 de agosto de 2008 fue uno de los días más adversos en mi carrera como servidor público. Aquella mañana traté de inscribirme como candidato a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, con la ilusión de un gran proyecto para transformar la ciudad y la fuerza de la mayoría de los caraqueños, que en cada encuesta me otorgaban su confianza y me colocaban como favorito.
Mi equipo me acompañó a ingresar mis datos en la plataforma de postulaciones del CNE, pero al colocar mi número de cédula el sistema paralizó el proceso y respondió con un mensaje corto: “López Mendoza, Leopoldo Eduardo. Esta persona se encuentra inhabilitada políticamente”.
Se había consumado la violación a mis derechos políticos. El CNE decidió cerrar las puertas del proceso electoral a cientos de dirigentes que aparecimos en una lista de inhabilitaciones políticas redactadas desde la Contraloría General de la República, que nos despojó de nuestros derechos políticos de manera fulminante, sin proceso previo ni derecho a defensa.
Al igual que el CNE, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tampoco se atrevieron a cuestionar la maniobra diseñada por Clodosbaldo Russián para sacarnos de la carrera electoral en el año 2008. No era la hora de los valientes.
Fue un momento complicado. Sufrí la impunidad con la que el régimen violenta sistemáticamente los derechos, sin tener ni una sola instancia independiente en la que pudiera defenderme.
Pero teníamos claro cuál era el objetivo del aparato oficial: desviarnos del camino que veníamos construyendo como servidores públicos. Nos sacaron del juego porque representábamos una alternativa de cambio real para los caraqueños, y para toda Venezuela. Lo tuve claro desde el principio, y por eso decidí tomar el camino más difícil: no dar un paso al costado, sino al frente, y mantenerme activo en la lucha política.
En los últimos dos años hemos construido un movimiento, Voluntad Popular, que cada día conquista nuevos espacios de acción política y social; y hemos librado una batalla jurídica para la restitución de los derechos políticos de cientos de venezolanos, promoviendo nuestro caso en el sistema interamericano de derechos humanos.
Finalmente, después de años de larga y dura lucha, el 1º y el 2 de marzo tendré la oportunidad de defender mi caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde se decidirá si el Gobierno vulneró mis derechos políticos, y así violó la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pero esta audiencia no se trata de la defensa de un caso particular. Será una sesión trascendental para el futuro inmediato de la democracia venezolana, porque el fallo de la CIDH sentará jurisprudencia.
Eso beneficiará, primero, a decenas de dirigentes políticos que han sido injustamente inhabilitados en los últimos tres años, y, además, evitará que el oficialismo vuelva a desplegar la misma estrategia en el futuro, y condicione con nuevas inhabilitaciones las elecciones presidenciales y regionales que se celebrarán a finales de 2012.
La próxima semana asistiremos a una de las citas más importantes en la ruta de la habilitación, no de un líder político, sino de todos los candidatos de las fuerzas democráticas que se enfrentarán al oficialismo en 2012 por una alcaldía, una gobernación o la Presidencia. Será una victoria de todos, y un paso más en el largo camino para restituir la democracia en nuestro país. Fuerza y fe, Venezuela.
Leopoldo López.
El Nacional
Opinión / 8
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Para más información sobre el caso vista: www.democraciaenjuego.org
