La sociedad venezolana “ha sido despojada de sus derechos fundamentales. No hay en la historia de América Latina un caso con el que pueda compararse”, escribe el opositor político en LA RAZÓN

20.02.21 (Madrid) – El pasado diciembre tuve la oportunidad, imborrable en mi memoria, de viajar a Cúcuta, con el apoyo de autoridades migratorias de Colombia, y reunirme con centenares de compatriotas que, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio colombiano. Mujeres, hombres y niños que no solo hablan de sus padecimientos, también repiten incansablemente: hay que seguir luchando, hay que acabar con la dictadura. Esas miradas de angustia, esas voces de dolor, los testimonios que escuché, lejos de doblegarme, han fortalecido mi convicción: la lucha debe continuar, a pesar de las enormes dificultades que tenemos por delante.

Esos refugiados constituyen cuadros humanos profundamente significativos. Remiten, en primer lugar, a una sociedad que ha sido despojada de sus derechos fundamentales. No hay en la historia de América Latina un caso con el que pueda compararse. Me basta con decir que según los datos arrojados por el proyecto ENCOVI, publicados en 2020, alrededor de 95% de la población vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza; 58% de los niños venezolanos sufre desnutrición crónica; 70% de las familias no tienen ingresos suficientes para comprar los alimentos que necesitan. Hablo de una crisis de dimensiones apabullantes, donde nada es regular ni seguro: ni la energía eléctrica, ni la red de agua potable, ni el acceso a internet, ni el sistema de salud –en estado ruinoso–. Habla de un país sin transporte público y sin combustibles. Habla de una Venezuela sometida –y digo sometida porque este estado de cosas ha sido creado de forma deliberada– a una devastadora crisis humanitaria que afecta todos los órdenes de la vida en común: la producción, la escuela, la seguridad personal, los servicios públicos.

La pregunta que deriva de todo lo anterior, es si esta calamidad es un problema de los venezolanos o si su irradiación supera el estrecho marco de las fronteras nacionales, y adquiere las proporciones de una problemática global. Mi respuesta: es global, no solo por el impacto que la huida de más de 6 millones de personas ha tenido y tiene en decenas de países –en sus economías, en sus sistemas sociales y de seguridad, en sus legislaciones–. Es global porque compromete decisiones y presupuestos de organismos multilaterales y oenegés. Y es global, urgentemente global, porque la encabezada por Maduro, es una narco-dictadura que, además de acoger a grupos de las ex FARC y del ELN, ha entregado franjas del territorio que ahora mismo sirven de puerto de salida de cargamentos de droga que envían hacia Europa, Centroamérica, México, Estados Unidos y la costa norte de África. Nadie puede permanecer ajeno a estos hechos: Maduro y sus socios son actores cada vez más determinantes en las operaciones trasnacionales del narcotráfico.

A los dos ya mencionados –la crisis internacional de los refugiados venezolanos y la participación de la dictadura en el narcotráfico– debo añadir otros cinco ámbitos que definen al régimen de Maduro –régimen que ha implantado un sistema de bandas de delincuentes que tienen bajo su control la nación venezolana y sus instituciones–, como una tragedia de dimensiones planetarias.

Las naciones democráticas no pueden continuar sin atender a los crecientes vínculos de Maduro con el régimen iraní y con grupos terroristas como Hizbulá, cuyas peligrosas implicaciones de orden militar y geoestratégico son obvias. Irán, que insiste en exportar su revolución, y que ahora ha incorporado a América Latina en su radar, se propone construir bases militares en suelo venezolano. El presidente colombiano Iván Duque ha hecho una denuncia que Europa debería escuchar: Maduro está intentando comprar misiles a través de Irán. ¿Acaso es posible permanecer indiferentes a esta amenaza?

El cuarto aspecto sobre el que es urgente reflexionar es el modo cómo los dineros provenientes de la corrupción del régimen de Chávez y Maduro, ha inundado los sistemas financieros de, al menos, cincuenta y dos países hasta ahora, y es altamente probable que, a medida que las investigaciones avancen, aparezcan otros más.

Añádase a todo lo anterior, una quinta y gravísima cuestión: las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad, rigurosamente documentados por la OEA, la ONU y decenas de entidades defensoras de las libertades y los Derechos Humanos, delitos que están bajo jurisprudencia internacional, que incluyen políticas de exterminio, torturas, secuestros y desapariciones forzadas, tratos crueles, violaciones y permanentes prácticas de terror social.

Menos visible todavía, pero tan relevante como todo lo descrito hasta aquí, es la sexta problemática, otra de las tragedias que demanda la actuación internacional: la destrucción de vastas zonas en la región sur de Venezuela, cometida por la minería ecocida que llevan a cabo bandas de delincuentes, con el ELN a la cabeza, y que, además de arrasar con cuencas de ríos, bosques y amplias zonas de la Amazonia venezolana, destruyen poblados indígenas, desalojan a la fuerza a sus habitantes, detienen, torturan y asesinan a sus dirigentes, todo ello con la autorización y la protección militar que les otorga la dictadura.

Así, el estado de crisis creado por el régimen de Maduro no se limita a los refugiados y las demandas de ayuda humanitaria. Problemáticas extendidas y desestabilizadoras como el narcotráfico, el lavado de dinero, los ilícitos financieros, los crímenes de lesa humanidad, la destrucción de la Amazonía, el tráfico de minerales, las alianzas para la destrucción de la democracia, son emergencias globales, asuntos que deberían encender las alarmas y decir al mundo: no es posible dejar solos a los venezolanos. La lucha de los demócratas venezolanos es la lucha de los demócratas del mundo.

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