Fuente: El Mundo

Una vez más, el próximo 21 de noviembre, mis compatriotas participarán en un proceso electoral convocado, organizado y controlado, en todas sus partes, por Nicolás Maduro. Debo recordar que el Consejo Nacional Electoral -CNE- es un ente al servicio del régimen, carente de autonomía, ilegítimo, fraudulento y desprovisto de credibilidad. Es, además, un organismo que goza de absoluta impunidad: ninguna de las denuncias que se han hecho en los últimos años, con testigos y sólidas evidencias, ha producido algún resultado.

Esto explica por qué, cada vez que la cuestión electoral aparece en la escena, se produce un complejo e intenso debate, entre quienes opinan que hay que participar, para aprovechar la oportunidad que el escenario electoral ofrece, y quienes sostienen que hacerlo legitima al régimen, y que es llamando a la abstención, el modo de denunciar la parcialidad del CNE y la ejecución del fraude electoral. En cada oportunidad, lograr que la mayoría de la alternativa demócrata alcance un acuerdo, no ha sido fácil. Ello desmiente la falsedad del régimen, cuando afirma que la oposición democrática venezolana es estructuralmente abstencionista. Al contrario: derrotar al régimen de Maduro en un proceso electoral es uno de los más altos objetivos de los demócratas.

En el 2018, por ejemplo, el acuerdo que se impuso fue el de no participar en la trampa de las elecciones presidenciales. La gran mayoría de los partidos políticos suscribieron esta política. La reacción a la farsa fue inmediata: 60 países, la Organización de Estados Americanos -OEA-, la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ex presidentes e instituciones democráticas de varios países, desconocieron los resultados y, muy relevante, la legitimidad del régimen. Esta fue la realidad -un país sin gobernante legítimo- que obligó a la Asamblea Nacional a constituir un gobierno interino.

En medio de la pandemia, en diciembre de 2020, el régimen convocó a unas elecciones parlamentarias que, nuevamente,consensuaron el rechazo de la mayoría de los partidos políticos de la alternativa democrática. Recordemos que el ilegítimo e ilegal Tribunal Supremo de Justicia designó un Consejo Nacional Electoral violando los procedimientos establecidos en la Constitución. La cadena de manipulaciones, las irregularidades denunciadas -como la eliminación del derecho al voto directo y personal de los electores indígenas-, la intervención ilegal de los principales partidos políticos, la participación politizada de las fuerzas armadas, todos estos fueron factores para que la Unión Europea, el Grupo de Contacto sobre Venezuela, el Grupo de Lima, los gobiernos de varios países -entre ellos, Estados Unidos-, asumieran que ese proceso electoral no sería ni libre, ni justo, ni transparente. Importa consignar este dato: la participación no alcanzó ni siquiera al 15% del electorado, lo que ratificó la repulsa de los ciudadanos venezolanos a la trampa organizada por el CNE, a pesar del programa de amenazas y coacciones que el régimen ejecutó, para obligar al voto. Pero no les funcionó: las mesas electorales, en todo el país, permanecieron vacías. En ese proceso, candidatos del oficialismo que no recibieron los votos suficientes para acceder a un escaño, de todas maneras fueron designados parlamentarios.

Estos dos, entre varios otros, son ejemplos de la celada que las dictaduras imponen a las sociedades que luchan por su libertad: convocan a elecciones bajo su control, cuyo triunfo está previamente asegurado. Lo acabamos de ver en Nicaragua, de forma grotesca, a pesar del rechazo mundial hacia el descaro con que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron el mega fraude. Ya lo decía Moisés Naím en su reciente artículo, “A los dictadores les gustan las elecciones”: el historial de las falsas elecciones es largo, y se remonta a sujetos como Hussein y Gadafi”.

En esta ocasión, en el debate interno de la alternativa democrática, se impuso la tesis de participar en las elecciones regionales convocadas por el régimen: aunque la mayoría asume que no es más que una trampa semejante a las anteriores, el uso de la plataforma y la campaña electoral tiene beneficios para la oposición: permite activar a la militancia, pero también a otros sectores de la sociedad; da la oportunidad para estructurar y articular a las organizaciones partidistas; hace posible proyectar a liderazgos emergentes que han aparecido en los tiempos recientes; facilita los acuerdos entre los distintos componentes político-partidistas de la Unidad. En términos cualitativos, participar en estas elecciones regionales añade un factor muy importante en lo cualitativo: movilizar a las comunidades de pequeños pueblos y ciudades, incluso los que están, geográficamente, ubicados en las regiones remotas de Venezuela.

El dilema electoral, manejado por las dictaduras -incluyendo la venezolana-, tiene, no solo el propósito de obtener alguna legitimidad, también dividir a los demócratas entre los que aceptan ir a votar y los que no. En el fondo, si lo pensamos con sosiego, concluiremos que, salvo ciertos oportunismos, unos y otros somos víctimas del poder pervertido que ha sometido el poder electoral a sus designios. Y es allí donde surge la oportunidad que han vislumbrado las distintas fuerzas democráticas aglutinadas en la tarjeta de la Unidad: la de asistir a las mesas de votación en esta ocasión, a consignar el voto contra el régimen, para demostrar que el rechazo al régimen y la voluntad de cambio están en Venezuela, vivas y en movimiento. Y es que, además, el que vayamos a votar no los legitimará: seguirá siendo el régimen que viola los Derechos Humanos y los derechos políticos de los venezolanos.

Leopoldo López

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