La semana pasada tuve el honor de participar en el Foro Agenda Legislativa para la Convivencia y Seguridad Ciudadana en Venezuela, organizado por el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana para debatir las propuestas de los candidatos en materia de seguridad.
Una de las principales conclusiones de mi intervención fue que mientras el Gobierno nacional no asuma un planteamiento claro, coherente, y sostenible no será posible resolver el problema.
Insistimos mucho en la coherencia y sostenibilidad porque de esas características ha carecido la actuación del Gobierno nacional. En 11 años se han anunciado más de 11 programas de seguridad. Por un lado estos planes no atacan el problema de manera integral, pues la mayoría no pasan de ser operativos de patrullaje y vigilancia. Por otra parte, no se ha medido la efectividad ni los resultados de esos programas cuando se abandonan para darle paso a uno nuevo.
Sin embargo, el último anuncio hecho sobre el tema es realmente preocupante e inaceptable. Esta vez no se trató por lo menos de un nuevo plan de seguridad, sino de decretar que el grave problema de la inseguridad sólo podrá ser resuelto en 20 años. La experiencia de gobierno que tuve en 8 años como alcalde me permite afirmar con total responsabilidad que con acciones concretas, la participación de todos los sectores de la sociedad y con voluntad política el problema de la inseguridad puede comenzar a disminuir sensiblemente en 20 meses y no en 20 años. Frenar la ola de violencia sí es posible, sólo tenemos que escucharnos y actuar porque esto es un problema de todos y no una bandera política como quiere hacer ver el Gobierno.
El Estado debe construir un plan asertivo a través del cual se combine la educación, la prevención, la reforma de los organismos policiales y la reforma de las instancias de justicia, de tal manera que se pueda garantizar la vida de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes de sectores populares que son los que, según las estadísticas, mayormente mueren a manos de la delincuencia. Desde hace varios años y a través del Plan 180 hemos insistido en la necesidad de formar a los jóvenes, de incorporarlos a planes educativos, deportivos, culturales y recreacionales que faciliten la ocupación del tiempo libre y la disminución del ocio que, por lo general, termina en violencia.
En segundo eje en un plan integral sería la depuración profunda de los cuerpos policiales, la formación de nuevos policías hasta lograr triplicar el número actual de agentes y la mejora sustancial de sus beneficios laborales y sociales. Eso significa acabar con la corrupción policial actual.
Un tercer eje de trabajo es la reforma de las instituciones de justicia. Fiscalía y Tribunales deben ser objeto de una profunda reforma que afronte la altísima impunidad existente en Venezuela. Hoy, de cada 100 homicidios ocurridos en nuestro país sólo 3 reciben condena. 97 quedan impunes, sin castigo. Un cuarto eje de trabajo la transformación de las cárceles en centros de humanización y no de victimización.
No es justo que millones de venezolanos vivan signados en el miedo, incluso dentro de los penales. No es posible que un joven que paga algunos meses por un delito simple salga de una cárcel como asesino.
El Ejecutivo debe ocuparse de resolver los problemas a los venezolanos y no de atacar a los sectores opuestos a su ideología. Debemos construir una propuesta conjunta. En reiteradas ocasiones le hemos hecho saber a los funcionarios del Gobierno que estamos dispuestos a colaborar. Hoy ratificamos esta disposición. La inseguridad afecta a todos, sin distinciones y el Estado debe aceptar recomendaciones sin importar de donde vengan.
Leopoldo López.
El Nacional
Opinión / 8
