La grave crisis que se vive en las cárceles venezolanas no es un asunto que concierne únicamente a los privados de libertad y sus familiares. El drama penitenciario es un problema que afecta a toda la sociedad venezolana. Desde los pasillos de las cárceles se controlan las operaciones de hampa organizada en las calles de las grandes ciudades, y al mismo tiempo miles de jóvenes sin futuro se entrenan como delincuentes en unas instalaciones que se han convertido en verdaderas universidades del crimen.
Los sucesos ocurridos en La Planta, la semana pasada, son sólo una evidencia más del sonoro fracaso del Gobierno nacional en su tarea de controlar la violencia desatada dentro y fuera de las cárceles venezolanas. El sistema penitenciario nacional está hundido en una crisis muy profunda desde hace 13 años, ante la cual los poderes públicos han sido simples espectadores.
Es imposible justificar que en más de una década este Gobierno haya declarado 2 veces la emergencia carcelaria sin que haya podido ofrecer resultados positivos. En el año 2011 se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y lo que trajo como resultado fue la muerte de 560 privados de libertad dentro de las cárceles venezolanas. La ministra Iris Varela ha demostrado una escandalosa ignorancia como gestora de políticas públicas para afrontar una crisis que alimenta la inseguridad y la violencia que sufrimos a diario todos los venezolanos.
Es hora de dar respuestas concretas, y desde el Comando Venezuela presentamos el plan integral para modernizar el sistema penitenciario de Venezuela, que se ejecutará apenas se instale el nuevo gobierno, luego de la victoria de Henrique Capriles en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Hay cifras que nos revelan dónde está el origen del problema: Venezuela cuenta hoy con 33 centros penitenciarios repartidos por todo el país, con una capacidad para atender a 14.500 internos; sin embargo, en esas instalaciones hoy están depositados casi 45.000 privados de libertad. Esto representa una tasa de más de 300% de hacinamiento, que impide la rehabilitación del interno y su inserción en la sociedad. Una de las líneas de acción es un plan de infraestructuras que permita, al corto plazo, la sustitución y ampliación de esos 33 penales con instalaciones modernas, que los conviertan en verdaderos centros de educación y capacitación.
Una de las principales causas de este severo hacinamiento es el retardo procesal. Por eso se contempla un plan de transformación del sistema judicial y la reestructuración de las instalaciones penitenciarias para separar a quienes están procesados de los que están cumpliendo condena, tomando en cuenta además el tipo de delito que hayan cometido.
Proponemos también la profesionalización del personal de custodia mediante la promulgación de una ley de carrera penitenciarista, la creación de una oficina autónoma y técnica del sistema penitenciario y la descentralización, para que las gobernaciones y alcaldías puedan administrar directamente, con mayor eficacia, los internados judiciales del país.
Lo decimos convencidos: sí es posible resolver la crisis penitenciaria, y sabemos cómo hacerlo. Los venezolanos no estamos condenados a vivir en zozobra por la violencia y la delincuencia. Quedan menos de cinco meses para iniciar el cambio político que abrirá las puertas de un futuro de tranquilidad y progreso, para todos por igual. Fuerza y fe, Venezuela.
