Publicado en www.abc.es
Por Noella Sastre
Madrid
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Foto ABC.es
Leopoldo López era el favorito en las encuestras a la alcaldÃa del Distrito Metropolitano de Caracas (uno de los cargos polÃticos más importantes de Venezuela) cuando, en agosto de 2008, al ir a inscribirse como candidato, la computadora le escupió un mensaje corto y demoledor: “López Mendoza, Leopoldo Eduardo. Esta persona se encuentra inhabilitada polÃticamente“. Fue entonces cuando este joven polÃtico, uno de los más populares en las redes sociales, alcalde del municipio de Chacao entre 2000 y 2008, inició un duro peregrinaje en busca de sus derechos polÃticos perdidos.
El Gobierno de Hugo Chávez lo borró del mapa electoral a través dedos sanciones administrativas. Una decisión que, según defiende López, es anticonstitucional. Y lo es porque la Constitución venezolana establece que los derechos polÃticos “sólo podrán ser suspendidos por una decisión penal definitivamente firme”. López ni ha ido a juicio, ni ha sido condenado. Su pecado, según el chavismo, fue pagar a maestros, policÃas y bomberos de Chacao con dinero asignado para el alumbrado. La otra sanción está relacionada con una donación de PDVSA, donde su madre trabajaba, al movimiento en el que él militaba, Primero Justicia.
López denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado venezolano violó sus derechos, solicitando la anulación de esa inhabilitación. Y hoy está en Costa Rica, donde este martes y miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública para dirimir si lo inhabilitaron de forma arbitraria.
El suyo ha sido un paso de gigante por dos razones. Por un lado, porque será la primera vez que la Comisión demanda ante la Corte a un miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la violación del artÃculo 23, que regula el ejercicio de los derechos polÃticos. Y por otro, porque la decisión de la Corte será vinculante para todos los paÃses de la OEA y sentará jurisprudencia en otros casos similares.
«Me siento preso aunque esté en libertad»
“Quiero ser escuchado por jueces imparciales, ya que en mi paÃs no me han dado la oportunidad”, afirma López a ABC, en conversación telefónica desde San José. “Lo que sentà en 2008 fue una tremenda frustración. Y desde entonces, como inhabilitado polÃtico, me siento preso aunque esté en libertad”.
El suyo es uno de los ejemplos más sangrantes (con dos inhabilitaciones de tres y seis años que le impedirÃan presentarse a las elecciones hasta el 2014) de los 575 inhabilitados polÃticos que existen en este momento en Venezuela. “Por eso siempre hablo en plural”, insiste López. “Porque somos muchos en la misma situación. Aquà está en juego la democracia venezolana”.
Chávez está obligado a acatar la decisión del tribunal, jurÃdica y polÃticamente. “Si lo hace, demostrará respeto a nuestra Constitución y al ámbito interamericano. Si no, veremos su miedo y vulnerabilidad”.
El coordinador nacional del partido Voluntad Popular tendrá que esperar entre tres y cinco meses para escuchar el fallo. “Primero necesito recuperar mis derechos polÃticos y después anuciaré el siguiente paso”, apunta el ex alcalde de Chacao, que suena a presidenciable para 2012. Eso sÃ, antes tendrá que pasar por las primarias del bloque opositor, la Mesa de Unidad Nacional, que se celebrarán en algún momento entre diciembre de 2011 y marzo de 2012.
La inhabilitación como persecución
Hasta ahora, más de 1.000 personas han sido inhabilitadas polÃticamente en Venezuela. “A través de este sistema de inhabilitaciones pierdes tus derechos polÃticos, pero también la posibilidad de ser empleado público”, recuerda López. Y eso en un paÃs donde más de la mitad de la fuerza laboral está relacionada de alguna forma con el Estado, hace mucho daño.
“Este dictamen será crucial para el futuro de nuestra democracia al impedir que se siga utilizando la inhabilitación polÃtica como una herramienta de persecución y debilitamiento de derechos“, concluye López, denunciando una vez más cómo Chávez se quita de encima a los opositores. “Si no lo paramos seguirá inhabilitando a los más fuertes para acabar imponiendo a los candidatos que menos daño le hagan”
