Durante la 82da. Reunión Anual de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes, diecinueve gobernantes de distintas ciudades estadounidenses, incluyendo Doral y Miami Beach, apoyaron una resolución conjunta en apoyo a los alcaldes y ex alcaldes venezolanos víctimas de persecución política y encarcelamiento por parte del actual gobierno de Venezuela.
“La Conferencia Estadounidense de Alcaldes apoya inequívocamente los derechos humanos del pueblo venezolano, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y a un gobierno representativo, y hace un llamado al Presidente (Nicolás) Maduro a liberar aquellos alcaldes que han sido encarcelados injustamente por el simple hecho de expresar su opinión”, declaró Tom Cochran, Director Ejecutivo de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes.
Los alcaldes estadounidenses calificaron como “inconstitucionales” las encarcelaciones de Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, y las consideran acciones “desesperadas” por parte del gobierno venezolano.
Los funcionarios expresaron su preocupación por los continuos abusos por parte de las fuerzas de seguridad del estado venezolano durante las protestas, que han dejado un saldo de al menos 41 fallecidos desde el mes de Febrero de este año.
“Es importante que se reconozca que los alcaldes norteamericanos han expresado por unanimidad su solidaridad con la causa de Leopoldo, sus colegas y el pueblo Venezolano”, expresó Manny Díaz, Ex Alcalde de la Ciudad de Miami y ex presidente de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes, quien impulsó la propuesta.
El documento fue presentado a la Casa de Representantes y el Senado de los Estados Unidos y será, posteriormente, entregado a oficiales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense.
A continuación se transcribe la resolución traducida al español:
Resolución Nro. 120
RESOLUCIÓN EN APOYO A LOS ALCALDES VENEZOLANOS Y LAS ASPIRACIONES DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO DE VENEZUELA
CONSIDERANDO:
Que diariamente continúan las protestas, lideradas por estudiantes venezolanos, en ciudades de todo el país, y que la represión contra estos manifestantes pacíficos por parte del gobierno de Nicolás Maduro se ha tornado más violenta y opresiva.
Que más de tres mil (3000) personas han sido detenidas por ejercer su derecho constitucional a protestar pacíficamente.
Que un informe de Human Rights Watch, emitido en mayo de 2014, sostiene que los jueces y fiscales de Venezuela han ignorado, en repetidas oportunidades, la evidencia de abuso sistemático por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y docenas de manifestantes inermes se han visto sometidos, durante las protestas, a graves abusos físicos y psicológicos que han dejado al menos cuarenta y un (41) decesos desde febrero de 2014.
Que alcaldes venezolanos libremente electos han sido sometidos a amedrentamiento y persecución por oponerse al gobierno, y
Que las acciones cometidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de encarcelar a tres alcaldes y exalcaldes, meramente sobre la base de que se oponen a sus políticas, han puesto en entredicho el compromiso de dicho país con la democracia, sugiriendo en cambio un esfuerzo concertado y desesperado de persecución política.
Que Leopoldo López, exalcalde de Chacao, acusado de “incitar protestas”, se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014 y permanece en prisión sin que se le haya concedido un juicio justo o cuando menos una audiencia preliminar hasta la fecha.
Que el alcalde opositor Enzo Scarano, de San Diego, fue arrestado y destituido de su cargo ilegal e inconstitucionalmente, habiendo sido incluso sentenciado a diez (10) meses y medio de cárcel el mismo día de haberse concretado su detención por “no haber hecho remover de las calles las barricadas puestas por manifestantes”.
Que el alcalde opositor Daniel Ceballos, cuya ciudad de San Cristóbal se halla en el epicentro de las protestas, fue arrestado por “rebelión y conspiración” y sentenciado, en cuestión de días tras su detención, a un (1) año de cárcel. Refiriéndose al alcalde Ceballos, el presidente Maduro había sugerido anteriormente que “es cuestión de tiempo antes de que lo tengamos en la misma fría celda.”
Que semejantes acciones están limitando en forma directa la autoridad de oponentes políticos libremente electos, y socavan las libertades de discurso y de expresión que la Constitución ampara, y que esas mismas acciones claramente deben ser consideradas como ataques al gobierno constitucional y a la expresión popular electoral de la soberanía ciudadana, y
Que en 2008, en un acto de solidaridad con las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela, la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos de Norteamérica subrayó y condenó la descalificación inmediata de cuatrocientos (400) candidatos elegibles, que tuvo lugar por acto administrativo de una agencia gubernamental sin siquiera permitir acceso efectivo al debido proceso judicial.
Por ello,
LA CONFERENCIA DE ALCALDES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
RESUELVE:
Declararse en solidaridad con las aspiraciones democráticas de nuestros colegas venezolanos, así como las del pueblo de Venezuela, para poder asegurar que sus derechos democráticos, civiles y humanos sean honrados y respetados, incluyendo su derecho fundamental a oponerse al actual gobierno; y adicionalmente,
Condenar inequívocamente el amedrentamiento y persecución de los alcaldes libremente electos en Venezuela, quienes se encuentran en oposición política, y adicionalmente,
Hacer un llamado al presidente Maduro a honrar los principios democráticos, poniendo fin inmediatamente a la represión de las opiniones contrapuestas, y permitiendo a los alcaldes y exalcaldes López, Scarano, Ceballos y a otros ejercer su derecho a oponerse en libertad, sin miedo a nuevas persecuciones o arrestos, y adicionalmente,
Presentar esta resolución ante: el Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, así como constituir representaciones para los representantes oficiales del Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos de América. Proyección de costos: desconocida.
Suscrita por:
El Honorable William B. Euille, Alcalde de Alexandria, en el estado de Virginia.
El Honorable Don L. Plusquellic, Alcalde deAkron, en el estado de Ohio.
El Honorable Bill Finch, Alcalde de Bridgeport, en el estado de Connecticut.
La Honorable Elizabeth B. Kautz, Alcaldesa de Burnsville, en el estado de Minesotta.
El Honorable James C. Brainard, Alcalde de Carmel, en el estado de Indiana.
El Honorable Frank Cownie, Alcalde de Des Moines, en el estado de Iowa.
El Honorable Luigi Boria, Alcalde de Doral, en el estado de Florida.
El Honorable Joy Cooper, Alcalde de Hallandale Beach, en el estado de Florida.
El Honorable Pedro Segarra, Alcalde de Hartford, en el estado de Connecticut.
El Honorable Alvin Brown, Alcalde de Jacksonville, en el estado de Florida
El Honorable Raul Salinas, Alcalde de Laredo, en el estado de Texas.
El Honorable Greg Fischer, Alcalde de Louisville, en el estado de Kentucky.
El Honorable Phil Levine, Alcalde de Miami Beach, en el estado de Florida.
El Honorable Oliver Gilbert, Alcalde de Miami Gardens, en el estado de Florida.
El Honorable William Capote, Alcalde de Palm Bay, en el estado de Florida.
El Honorable Frank Ortis, Alcalde de Pembroke Pines, en el estado de Florida.
El Honorable John Dickert, Alcalde de Racine, en el estado de Wisconsin
El Honorable Miguel Pulido, Alcalde de Santa Ana, en el estado de California.
El Honorable John Marks, Alcalde de Tallahassee, en el estado de Florida.
Ver resolución original (PÁGINA 128-129): Aquí
