(San José, 02/03/2011).- La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al máximo tribunal continental (Corte IDH) condenar al Estado venezolano por la práctica de las inhabilitaciones políticas sin mediar proceso penal y que este habilite inmediatamente al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El segundo y último día de audiencias por el caso de López inició a las 9 de la mañana en la capital de Costa Rica. De inmediato las partes comenzaron sus alegatos conclusivos.
La representante de la CIDH, Elizabeth Abid, exhorto a los magistrados de la Corte Interamericana a condenar al Estado venezolano por “la infundada inhabilitación de Leopoldo López sin que en su contra mediase un proceso penal y sentencia definitivamente firme, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana y a la Constitución venezolana”.
Los abogados de López, José Antonio Maes, Enrique Sánchez Falcón y Bernardo Pulido reiteraron “la acostumbrada practica inconstitucional del Estado venezolano a través de la Contraloría General de la República, de inhabilitar a quienes tienen una clara opción ganadora en procesos electorales venezolanos, lo cual hasta el momento se ha traducido en más de 600 casos, lo que a todas luces se traduce en una herramienta de persecución y neutralización política de los opositores al gobierno”.
Por su parte, el abogado del Estado, Germán Saltrón, expuso “que en Venezuela se combate la corrupción mediante el uso de la inhabilitación política para cargos ejecutivos y que a su juicio, como representante del Estado venezolano, no necesitan de realizar juicios en tribunales penales para demostrar que las inhabilitaciones tienen sustento legal”.
En este sentido, el Juez Vio Grossi, magistrado de la Corte IDH por Chile, interpeló a Saltrón sobre “si en Venezuela la corrupción es catalogada como un delito?”. A la respuesta afirmativa del defensor del Estado, el magistrado Grossi agregó; “entonces por qué no cumplen con el artículo 25 de la Convención Americana y le hacen un juicio penal al señor López?”. Saltrón guardo silencio.
López: “confío en que en pocos meses obtendré justicia”
Concluida la audiencia, el coordinador nacional de Voluntad Popular fue abordado por los medios de comunicación venezolanos e internacionales para conocer su balance de las audiencias.
“Me siento tranquilo porque al fin he contado mi verdad ante jueces imparciales… confío en que dentro de pocos meses obtendré la justicia que desde hace 3 años he estado buscando y a la que no tengo acceso en mi país”, dijo López.
Agregó que durante la doble jornada de audiencias quedó demostrado cómo el gobierno venezolano, a través de los órganos del Estado, se vale de la inhabilitación política como herramienta de asesinato político.
“Yo seguiré dando la lucha junto al pueblo venezolano para que a cada quien se le respeten sus derechos, esa lucha la dimos estos 2 días en Costa Rica y la seguiremos dando en cada calle de cada barrio, cada pueblo y cada urbanización de Venezuela para que en nuestro país haya justicia y se concrete el cambio que ansían los venezolanos”.
Voceros del Estado se contradicen
El abogado Saltrón explicó a los mediosde comunicación que la decisión que emane la Corte Interamericana será sometida a revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, quien decidirá si acatable o no.
Esto contradice fehacientemente lo expresado ante los magistrados de la Corte IDH bajo juramento por el mismo perito del Estado venezolano, el ex magistrado Jesús Eduardo Cabrera, quien ayer afirmó que las decisiones de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento para Venezuela de acuerdo al Pacto de San José y al artículo 23 de la Constitución bolivariana.
Saltrón expresó que “espera que la Corte (IDH) recapacite y oriente su decisión hacia el Estado venezolano para q esta pueda ser acatada”, con lo cual dejó en evidencia el matiz político de la decisión puertas adentro en Venezuela.
El Presidente de la Corte Interamericana, Juez Diego García Sayán, informó que será hasta el día 2 de abril que las partes podrán presentar las conclusiones por escrito y en pocos meses se producirá el dictamen definitivo sobre la habilitación de Leopoldo López.
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