Artículo publicado en ElEspectador.com
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El destino político de Leopoldo López comenzó decidirse en Bogotá, más especialmente en el Hotel Embassy Suites, donde los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron deliberaciones para decidir si López podría ser candidato a la Presidencia de Venezuela el año que viene.
A Bogotá le correspondió albergar el período 92 de sesiones de la Corte (que varían entre los países miembros de la OEA) después de que en febrero los jueces dieran a las partes envueltas en este caso la última oportunidad de rendir su versión: Leopoldo López explicó las razones por las que no debía estar inhabilitado políticamente hasta 2014 y perderse la posibilidad de ser electo el año entrante, y el estado venezolano dio las razones por las que sí.
Para la oposición venezolana, la decisión de la Corte sería determinante. Como líder del movimiento Voluntad Popular, las encuestas ubican a López como uno de los tres grandes opcionados a enfrentar a Hugo Chávez en las elecciones que se avecinan. La Mesa de Unidad Democrática, el acuerdo que aglutina a todas las fuerzas opositoras del país, definió el próximo 12 de febrero de 2012 como el día de elecciones primarias, en las que los votantes podrán elegir a su candidato a la Presidencia: Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda; Manuel Rosales, exalcalde de Maracaibo, y Leopoldo López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, se perfilan como los más fuertes.
López presentó una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue aceptada por la Corte, argumentando que su derecho a ser electo estaba siendo coartado. La Contraloría de la República lo inhabilitó en 2008 para participar en elecciones populares hasta 2014, justo cuando contaba con el 56% de la popularidad para conseguir la alcaldía metropolitana de Caracas.
Lo acusaron de malversación de fondos; sin embargo, nunca se produjo una sentencia penal en su contra, que es un requisito en la Constitución para las inhabilitaciones políticas. Tampoco se probó, dice López, que bajo su alcaldía en Chacao se haya producido algún daño patrimonial: “La Contraloría está extralimitándose, es un juicio netamente político”, aseguró el fundador de Voluntad Popular en una entrevista.
El aspirante a candidato presidencial asegura que este caso dictará jurisprudencia sobre otros más de 500 casos de políticos opositores que se encuentran inhabilitados por decisiones cuestionadas de los entes de control venezolanos. López ha insistido en la importancia de que ambas partes, tanto él como el Estado, admitan el fallo sin miramientos de ningún tipo.
