ArtÃculo publicado originlamente en el diario El Universal
Por Juan Francisco Alonso
El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunirá en Bogotá (Colombia) para estudiar “la posibilidad de dictar sentencia” en el caso de la inhabilitación que la ContralorÃa le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López. Un eventual fallo que repruebe este tipo de medidas no solo beneficiará al dirigente opositor o a los 800 venezolanos que, hoy por hoy, no pueden ejercer ningún cargo en la administración pública, sino también a los naturales de otros paÃses del continente sobre los que pesan sanciones similares.
La afirmación la hizo el catedrático de Derecho Público Internacional y de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faúndez, quien recordó que el tribunal regional puede emitir dictámenes vinculantes para todos los paÃses.
“El resultado de este caso es importante no solo para Venezuela, sino también para Colombia en donde también se han impuesto inhabilitaciones por vÃa administrativa y seguramente estarán muy atentos al pronunciamiento de la Corte, los cuales aunque solamente surten efecto sobre los denunciantes, también pueden contener pasajes con efectos generales y que deben ser atendidos por todos los paÃses firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos”, aseveró el catedrático, quien ha litigado varios casos ante esa instancia.
Atentos al tamborÂ
En paÃses como Colombia y Costa Rica, por mencionar algunos, el dictamen de la Corte Interamericana sobre el caso del coordinador de Voluntad Popular seguramente será esperado con ansÃa, pues allà también varios exfuncionarios han sido sancionados por órganos administrativos y sin que mediara una resolución judicial.
En el vecino paÃs, por ejemplo, la senadora liberal Piedad Córdoba fue destituida en septiembre del año pasado por la ProcuradurÃa, la cual también la inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 18 años. ¿La razón? Debido a los contactos que mantuvo con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con los hallazgos del Ministerio Público colombiano, Córdoba le habrÃa hecho sugerencias a los insurgentes en el marco del llamado “canje humanitario”, el cual buscaba intercambiar a personas secuestradas por la guerrilla por guerrilleros presos.
Semanas después Bernardo Moreno, el exsecretario de Gobierno durante la gestión de Alvaro Uribe fue condenado también por la ProcuradurÃa a pasar 18 años fuera de cualquier organismo del Estado, lo mismo siete exdirectivos y agentes de los servicios secretos (DAS), a quienes investiga por haber iniciado ilegalmente una averiguación contra personas cercanas a los magistrados de la Corte Suprema de ese paÃs.
Este mismo año otro exfuncionario del Gobierno anterior, Andrés Felipe Arias y cuatro subalternos suyos fueron sancionados también en el marco de una investigación por irregularidades administrativas, la cual todavÃa no ha concluido.
En Costa Rica el debate de las inhabilitaciones administrativas también se abrió este año, cuando a la exministra de Transportes, Karla González, se le impuso esta sanción por cuatro años por un caso de corrupción.
Lo mismo ocurrió en México hace un lustro, cuando el entonces aspirante presidencial Manuel López Obrador casi se queda fuera de las presidenciales de 2006 por una medida de este tipo.
Por último, Faúndez no dudó en afirmar que el fallo de la Corte deberÃa ser favorable al exalcalde, pues “la Convención Americana, en su artÃculo 23, es clara al decir que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos y que este derecho solo puede ser limitado o restringido por un juez, luego de un proceso penal”.
