Esta pérdida es personal, pero también debería ser una advertencia para los inversionistas.
Por Leopoldo López. Fuente: Wall Street Journal
La semana pasada, mis hijos y yo vimos un video en la pantalla de un teléfono: funcionarios venezolanos cortaban una cinta en lo que antes era nuestra casa familiar en Caracas. Aplaudían y anunciaban un programa social para adultos mayores. Mi hijo Leo, de 13 años, lo resumió de manera sencilla: Nos robaron la casa. Mi hija Manuela, de 16, permaneció en silencio y con lágrimas en los ojos.
No escribo para pedir compasión. Escribo porque lo que ocurrió con esa casa es la declaración más honesta que ha hecho el gobierno actual de Venezuela sobre el Estado de derecho. Cualquiera que esté pensando en invertir en Venezuela debería leerla.
Pasé casi siete años como preso político, condenado a 14 años de prisión bajo el absurdo cargo de haber enviado mensajes subliminales al pueblo venezolano. Los jueces que presidieron esa farsa judicial siguen ocupando sus cargos.
Cuando apoyé públicamente la operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro a finales del año pasado, la respuesta del régimen fue inmediata: funcionarios entraron en nuestra casa, se llevaron todo, demolieron paredes y techos, y mataron a nuestros perros.
Esta no es una historia nueva. Exxon Mobil la vivió cuando Hugo Chávez nacionalizó sus proyectos en 2007 y pasó años en arbitrajes internacionales para recuperar apenas una fracción de lo perdido. Desde entonces, han sido expropiadas fincas, fábricas, emisoras de radio, ganado y miles de negocios familiares. Venezuela ha llevado a cabo una de las destrucciones más sistemáticas de riqueza privada jamás vistas en el hemisferio occidental. Ni una sola expropiación ha sido revertida de manera genuina.
Existe optimismo en algunos círculos financieros y diplomáticos, y entiendo por qué. Maduro ya no está. Estados Unidos tiene una influencia real. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y la voluntad del pueblo venezolano de reconstruir el país está fuera de toda duda.
Pero la persona que hoy dirige Venezuela, Delcy Rodríguez, no llegó desde fuera del sistema. Ella ayudó a construirlo. Como canciller y vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, diseñó y defendió el aparato de expropiación: un poder judicial politizado y una infraestructura represiva que ha detenido, encarcelado, torturado o asesinado ilegalmente a casi 18.000 venezolanos durante los últimos 12 años, y que aún mantiene a cientos de presos políticos.
El Estado de derecho no es una abstracción. Es la base sobre la que descansa toda inversión. No se puede perforar un pozo, construir una fábrica ni otorgar crédito sin la certeza de que los contratos serán respetados y de que lo que es suyo hoy seguirá siéndolo mañana. Venezuela no ofrece ninguna de esas garantías.
En las próximas semanas se nombrarán nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Si esos nombramientos siguen la misma lógica —lealtad política por encima de competencia jurídica e integridad— el mensaje será claro: el régimen ha cambiado de rostro, pero no de carácter.
El potencial de Venezuela es real. El petróleo, la capacidad energética, la diáspora de millones de venezolanos que desean regresar para construir. Pero el director ejecutivo de Exxon Mobil tenía razón cuando afirmó en una reunión en la Casa Blanca a principios de este año que, bajo estas condiciones, Venezuela es un país no apto para la inversión. Y seguirá siéndolo hasta que existan tribunales independientes, contratos exigibles, protección real de la propiedad privada y una transición democrática auténtica que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas.
Estados Unidos tiene hoy más influencia sobre el futuro económico de Venezuela que en cualquier otro momento de una generación. Washington puede exigir la arquitectura legal que haga sostenibles las inversiones y posible la democracia, en lugar de legitimar a un gobierno que acaba de inaugurar un programa social con corte de cinta en mi propia sala de estar.
Mi casa ya no existe. Quienes estén pensando en invertir en Venezuela deberían entender lo que eso significa.
El Sr. López es fundador del World Liberty Congress.