Fuente: El Tiempo
La guerra que Maduro y sus aliados mantienen contra el pueblo de Apure no empezó el pasado 21 de marzo. El que era un crónico problema -delincuentes que cruzaban la frontera hacia Venezuela para escapar a la acción del Estado colombiano- se potenció a partir del momento en que Chávez asumió el poder en febrero de 1999. Entonces se puso en marcha una operación para despejar el territorio y convertirlo en lo que es hoy: una vasta región donde las narcoguerrillas actúan a su antojo, bajo la protección de fuerzas militares venezolanas.
Apure -más que Táchira o Zulia, ambos estados fronterizos- reúne una serie de atributos que lo convirtieron en un bien altamente apetecible para la mentalidad delincuente de Chávez. Es una región distante de las grandes ciudades venezolanas; de baja densidad -unos 560 mil de habitantes distribuidos en 76 mil 500 kilómetros cuadrados-; atravesada por largos ríos; dedicada, en lo primordial, a la ganadería y la agricultura; con una población históricamente castigada por la pobreza; pero sobre todo, un estado cuya frontera sur linda con Colombia.
Quien se anime a revisar los datos de la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (2019/2020), sobre la situación en que se encuentra la región apureña, podrá constatar la precariedad en que viven sus habitantes: 93% lo hace en condiciones de pobreza. Del total, 69% califica como pobreza extrema. Es uno de los estados donde la oferta de trabajo es más baja: solo 65% de los hombres y 35% de las mujeres califican como población económicamente activa. 84,5% sufre déficit de los servicios públicos. 40% de los niños menores de cinco años tiene una talla inferior con respecto a su edad. Sólo 4,2% de los hogares tiene acceso a internet.
La política del despojo ha sido sistemática: se han expropiado fincas productivas hasta conducirlas a su ruina; se han cerrado medios de comunicación; se ha perseguido a pequeños y medianos comerciantes y empresarios, a dirigentes sociales y políticos; se ha obligado a ganaderos de tradición a vender sus fincas; se ha permitido el deterioro de la infraestructura educativa y de la salud. En síntesis, se ha promovido el debilitamiento de la sociedad, para así conducirla a una estado de real indefensión.
Lo que está ocurriendo en Apure tiene el cariz de una complejísima tragedia, cuyo final resulta, ahora mismo, difícil de prever. No hay, y esto debe quedar claro, ninguna fuerza que actúe para proteger las vidas y los bienes de las familias indefensas. En 2013, tras el triunfo de Lumay Barreto, candidata de Voluntad Popular, en el Municipio Páez -cuya capital es Guasdualito-, comenzaron a cambiar las cosas. Pero en el 2015 vino una arremetida que contó con el apoyo del también ilegal e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, y Barreto fue destituida, para facilitar la acción de los irregulares, presentes en los siete municipios del estado.
Además de los disidentes de las FARC, operan grupos del ELN y de la Fuerza Bolivariana de Liberación -FBL-, conocidos también como ‘boliches’. En algunos casos se ha producido este extremo: los criminales se han hecho con el control de pueblos, carreteras y funciones del Estado: imponen la ley, impiden la acción política, controlan la producción, roban o se apropian de los bienes de cualquiera -terrenos, viviendas, vehículos, lanchas, generadores eléctricos, muebles, vestidos, alimentos y más-.
La acción militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -FANB- contra uno de esos grupos -me refiero a los enfrentamientos del 21 de marzo y días posteriores-, no tiene como objetivo la defensa del territorio venezolano -establecida en el artículo 15 de la Constitución Nacional-, sino la de tomar parte en un conflicto entre narcoguerrillas, para favorecer a las bandas de Iván Márquez y Jesús Santrich, que exigen que el grupo de Gentil Duarte sea expulsado del territorio que les fue concedido por Maduro.
Para cumplir con sus obligaciones hacia Márquez y Santrich, uniformados del régimen asesinaron a cuatro miembros de la familia Ramírez Remolina. A continuación falsearon una escena y los acusaron de pertenecer a la guerrilla. Como consecuencia de bombardeos y batallas, varios miles de habitantes de La Victoria, población ubicada del lado venezolano, cruzaron el río Arauca para buscar refugio en la población de Arauquita, en Colombia. Esta nueva crisis de refugiados -4 mil 700 censados por las autoridades de Colombia-, que ha causado la movilización y asistencia de las instituciones de ese país, no ha sido respondida con las elementales demostraciones de gratitud que corresponderían, sino con infamantes acusaciones al presidente Iván Duque y a Colombia, como si esos casi cinco mil compatriotas, casi la mitad niños, no existieran.
Pero los horrores son todavía más. Para cumplir con Márquez y Santrich ocho soldados venezolanos han perdido la vida -hasta el 6 de abril- y un número no aclarado fueron heridos. Para cumplir se ha convertido la región en un conglomerado de pistas de aterrizaje para narco vuelos; detienen, torturan y ejecutan a quienes se resisten; establecen rutas de contrabando; crean redes de prostitución de menores; roban reses y otras mercancías; extorsionan y cobran vacunas de forma indiscriminada; acogen a miembros de Cartel de Sinaloa y a otros delincuentes que huyen de las autoridades de varios países; reclutan a niños y a adolescentes a la fuerza y los incorporan a sus mafias; saquean las viviendas de quienes han huido a Colombia, e incluso, han quemado algunas de ellas; hacen proselitismo a favor de Maduro; rodean sus campamentos de minas antipersonas; detienen y roban a los periodistas que viajan a la zona a realizar su trabajo; actúan como señores omnipotentes, con derechos sobre el territorio venezolano y las vidas de cientos de miles de habitantes. La reciente declaración de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en la que denuncia los evidentes vínculos del régimen con las narcoguerrillas, subraya que la situación de Apure excede el marco nacional y adquiere las proporciones de una real amenaza regional.
Esto debe quedar claro: está ocurriendo una acción, en lo militar y policial, desproporcionada en contra de civiles indefensos. Una vez más el régimen aplasta a miles de familias inocentes. La solidaridad con el pueblo de Apure es urgente, como urgente es la denuncia, en todo escenario posible, de este gravísimo capítulo de violación de los Derechos Humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
