(Ginebra 27.06.18).- La internacional Socialista acordó rechazar los resultados emanados del fraude electoral que se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en Venezuela por considerar que no proporcionó las garantías necesarias para la celebración de elecciones integradoras y democráticas. A través de un comunicado, la organización exigió la inmediata liberación del líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, y de todos los presos políticos. Asimismo, rechazó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Estamos profundamente preocupados ante la gravedad del conflicto político y compleja emergencia humanitaria en Venezuela. El Gobierno ha reprimido a la oposición a través de distintos mecanismos que van desde la inhabilitación política hasta el uso desproporcionado de la fuerza encarcelando a opositores y enjuiciando a civiles en los tribunales militares. También ha atacado la autonomía de la Asamblea Nacional declarándola en un intento de desmantelar el último reducto de institucionalidad que queda en el país”.
La internacional socialista se plegó a las conclusiones del informe emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Consejo de la Unión Europea y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela de fechas junio del 2018, en el cual se relatan detalladamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro.
“Exigimos el cese de la violación sistemática a los derechos fundamentales de los venezolanos, la práctica de tratos crueles e inhumanos, el uso de torturas y la detenciones arbitrarias de más de 12.000 ciudadanos, jóvenes muchos de ellos, por protestar y discernir del gobierno; la existencia actualmente de más de 400 presos políticos, incluyendo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, cuyo partido es miembro de esta organización, que después de 4 años aún continúa privado de libertad confirman que es política de estado la persecución y la represión. Asimismo, vemos con mucha atención la solicitud de la OEA, la UE y ONU-DDHH de avanzar con la investigación por crímenes de lesa humanidad que actualmente lleva a cabo la Fiscalía de la CPI en La Haya contra Nicolás Maduro”.
A través del comunicado, la IS reiteró su preocupación ante las actuales condiciones de vida de los venezolanos, quienes, entre otras cosas, padecen de la escasez de alimentos, medicinas e insumos necesarios para poder sobrevivir. Adicionalmente, destacó que los niveles de pobreza en la nación suramericana alcanzan a la casi totalidad de la población y que millones de ciudadanos han abandonado el país en un éxodo masivo en busca de un futuro próspero.
“Atender la crisis migratoria y política, se suma de manera grave y urgente, a nuestra preocupación por la crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela. Que el gobierno de ese país no acepte la ayuda humanitaria necesaria para su población, y los organismos multilaterales, Naciones Unidas, ONG’s y gobiernos solidarios de la región están apoyando la crisis de más de un millón de desplazados mujeres y niños, y ancianos venezolanos en altos niveles de riesgo alimentario y de salud. Desde la IS hacemos un llamado a que se declare formalmente una crisis de refugiados en las fronteras venezolanas”.
Finalmente, instó al régimen de Nicolás Maduro a convocar nuevas elecciones presidenciales, de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidos y al orden constitucional venezolano, con las garantías necesarias para tener un proceso electoral fiable y transparente, que permita tener un nuevo gobierno antes de enero del 2019.
“El único ente parlamentario que reconocemos es la Asamblea Nacional legítimamente elegida por el pueblo en forma democrática el año 2015. Las elecciones del 20 de mayo fueron convocadas por un ente ilegal, contrario a lo que dicta la Constitución nacional, sin la participación de los partidos de oposición, y con líderes inhabilitados, exilados y presos. Todo lo anterior ha traído como resultado que el actual gobierno en Venezuela no haya sido reconocido por la gran parte de la Comunidad Internacional. Para ello, es necesario la activación de todos los mecanismos democráticos existentes, con la urgencia y proporcionalidad que amerita el caso, a fin de que permitan a los más de 30 millones de habitantes de Venezuela reencauzar sus destinos y recuperar su paz, progreso y bienestar dentro de la democracia”, reza el acuerdo.
