FUENTE: New York Times

(Cárcel Militar de Ramo Verde, 25-09-15).-

El 12 de febrero de 2014, la élite represora e inepta que gobierna Venezuela ordenó mi arresto acusándome de instigación pública, incendio intencional, asociación delictuosa, daños a la propiedad pública y otros delitos. A finales de esa semana, luego de dos visitas inesperadas del presidente de la Asamblea Nacional a mi casa, me sugirieron que buscara refugio en una embajada extranjera.

En lugar de aceptar la sugerencia, decidí entregarme el día 18 de febrero de 2014 y enfrentar el juicio que había planeado el régimen. Tomé esta decisión con plena consciencia de los riesgos que estaba enfrentando y las posibles consecuencias de un juicio con fines políticos y un poder judicial comprometido. Así que, el 10 de septiembre de 2015, cuando la Jueza Susana Barreiros (mero títere de este gobernantes que busca defender su riqueza y privilegios) me sentenció a más de 13 años de prisión, no me arrepentí de la decisión que había tomado. Estaba convencido de lo absurda que era la acusación de que yo había usado “mensajes subliminales”, en mis discursos pacíficos, con el fin de incitar a la violencia durante las protestas de febrero de 2014.

Ahora me encuentro en aislamiento solitario en una celda de 2 m x 3 m en la que sólo hay una cama individual, un baño y una repisa pequeña para mis pocos cambios de ropa. Tengo prohibido escribir cualquier tipo de material y el único libro que tengo permitido es la Biblia. Ni siquiera tengo una luz o vela para cuando oscurece afuera. Aunque ha sido difícil para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren grandes sacrificios.

Estoy convencido de la justicia de nuestra causa: liberar a la gente de las consecuencias dolorosas de un sistema de gobierno que ha fallado económica, social y políticamente. Nuestra economía es la de peor desempeño en la región: se prevé que el Producto Interno Bruto caerá 7 por ciento en 2015 y sufrimos la inflación más alta en el mundo. Esta inflación ha llevado a una escasez devastadora de la cesta básica y ha destruido la producción nacional, incluida la industria petrolera. La desesperación creada por estas condiciones, junto con las amplias fallas en la impartición de justicia, han hecho que nuestro país sea uno de los más violentos en el mundo, con casi 25.000 asesinatos sólo en 2014.

Y por si fuera poco, hemos perdido nuestra democracia. El gobierno acosa a quienes piensan diferente y utiliza la represión para mantenerse en el poder. La sentencia en mi contra tiene la intención de mandar un mensaje a todos los venezolanos que luchan por tener un país mejor: salvo que desistan y cedan ante el régimen, ellos serán los siguientes. Nuestro gobierno quiere aplastar nuestras aspiraciones y hacernos creer que esta lucha no tiene esperanza. Quieren que nos rindamos. Pero rendirnos no es una opción, porque el que se cansa, pierde.

Estamos trabajando por tener una Venezuela donde los derechos estén garantizados para todos, incluyendo el derecho a una vida digna. Queremos cambios regulares en el poder a través de elecciones libres y justas, de forma que todos los venezolanos podamos coexistir respetuosamente, sin importar nuestras ideologías.

Para la economía, queremos un modelo que permita que todos nos beneficiemos del crecimiento, en especial quienes tienen menos. Queremos impulsar a la industria local y la inversión privada para incrementar la producción y crear empleos. Queremos incrementar la producción petrolera y utilizar los ingresos para diversificar nuestra economía, y no para comprar votos. Y queremos proporcionar la educación de alta calidad necesaria para que prosperen todos los venezolanos.

Nuestros planes son ambiciosos, pero tienen el apoyo de millones de personas. Para que Venezuela avance, primero debemos cambiar el sistema y quitar democráticamente al partido corrupto que nos gobierna. Las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre nos dan esta oportunidad. Sin embargo, para tener éxito en las urnas, debemos estar unidos. Ya se ha formado una alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, pero queremos expandir esta unidad a todos los miembros de la sociedad que desean el cambio.

No podemos hacerlo solos. Agradezco sinceramente a todos aquellos que nos han apoyado en todo el mundo. Ese apoyo nos da fe, pero estos esfuerzos no deben terminar hoy. Necesitamos a la comunidad internacional para que haga presión a fin de que se respeten nuestros derechos democráticos, llamando la atención sobre los abusos directos del gobierno venezolano, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en materia de derechos humanos en la región. Necesitamos que la Organización de las Naciones Unidas incluya estos asuntos en la agenda del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y queremos que la Organización de los Estados Americanos aplique su Carta Democrática Interamericana para discutir nuestra situación desesperada.

Se debe presionar al gobierno para que permita que haya observadores electorales de la O.E.A. y la Unión Europea en las elecciones de diciembre, lo cual no ha ocurrido desde 2006. Se requiere de su independencia e imparcialidad ahora más que nunca con el fin de garantizar que nuestra oportunidad de cambio no se vea comprometida.

Por último, el gobierno de Venezuela debe dejar de descalificar sin fundamentos a los líderes de oposición en las próximas elecciones. Entre los inhabilitados para ocupar cargos públicos se encuentran los exgobernadores estatales Manuel Rosales y Pablo Pérez, los líderes de oposición María Corina Machado y Carlos Vecchio, y el autor de estas líneas. El régimen también debería liberar a los 76 presos políticos, incluyendo quienes se encuentran en arresto domiciliario, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el alcalde de San Cristóbal, destituido ilegalmente, Daniel Ceballos.

Una elección no puede ser libre ni justa cuando aquellos que piensan distinto tienen prohibido postularse o se encuentran tras las rejas.