Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado fuerza ilegítimamente y cometiendo excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero de 2014, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas, señaló hoy Human Rights Watch.
El gobierno ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos. El Presidente Nicolás Maduro anunció el 20 de febrero que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa el 21 de febrero, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal de CNN en Caracas. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.
“El gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Al menos 3 manifestantes murieron por heridas de bala y decenas han sufrido heridas desde el 12 de febrero.
El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero. También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos.
Varios gobiernos de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, al igual que aliados internacionales como Siria e Irán, han expresado su apoyo al gobierno de Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.
“Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, comentó Vivanco.
Las conclusiones de Human Rights Watch sobre los acontecimientos recientes en Venezuela se describen con mayor detalle al final de este comunicado de prensa.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
Human Rights Watch ha recibido múltiples denuncias serias de defensores locales de derechos humanos que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes que no estaban armados desde el 12 de febrero, tanto en Caracas como en otras partes del país.
Un video publicado en Internet por el periódico Últimas Noticias muestra imágenes tomadas en Caracas de policías uniformados y hombres de civil que parecen disparar municiones contra manifestantes que intentan escapar del lugar, entre ellos el joven de 24 años Bassil Da Costa, quien fue captado en el momento preciso en que su cuerpo cae al piso tras sufrir una herida de bala fatal en la cabeza.
El uso de municiones por las fuerzas de seguridad solamente resultaría lícito según el derecho internacional cuando esté dirigido a actores que representen un riesgo inminente para la vida o la integridad de miembros de las fuerzas de seguridad o terceros. Existen grabaciones de video donde se evidencia que manifestantes opuestos al gobierno participan en actos de violencia y vandalismo, como arrojar piedras a policías. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado —ni tampoco Human Rights Watch pudo encontrar luego de revisar decenas de videos publicados en línea— imágenes donde se vea a manifestantes opositores que lleven armas de fuego o empleen fuerza letal contra miembros de las fuerzas de seguridad o terceros.
Todas las versiones disponibles de testigos presenciales indican que la gran mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, y que quienes cometieron actos de violencia o vandalismo no llevaban armas de fuego ni utilizaron la fuerza letal contra las fuerzas de seguridad ni terceros.
Diversos defensores locales de derechos humanos también denunciaron que muchos manifestantes han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello examinó más de 90 casos de manifestantes detenidos, entrevistando tanto a los detenidos como a sus familiares, y determinó que muchos habían sufrido abuso físico o amenazas de golpizas o violación sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley.
Todos los manifestantes que hayan participado en violencia o vandalismo deberían rendir cuentas por sus actos, pero en ningún caso es admisible ni lícito que se dispare a personas que no están armadas o se golpee a quienes han sido detenidos.
La respuesta del gobierno
La respuesta inmediata del gobierno de Maduro a la violencia del 12 de febrero fue señalar como responsables a Leopoldo López y otros líderes de oposición. El Vicepresidente Elías Jaua declaró que López era el “autor intelectual” de los asesinatos, y muy poco después un juez dispuso su detención. El gobierno no ha difundido evidencias creíbles para justificar estos señalamientos.
Según reportes de prensa, López se encuentra en prisión preventiva mientras la fiscalía determina si existen pruebas suficientes para acusarlo por diversos delitos, incluido el de “instigación a delinquir” y el de “asociación”. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define de manera muy poco precisa al delito de “asociación” como “formar” parte de un grupo de delincuencia organizada”, y prevé para este una pena de hasta 10 años de prisión.
También Vecchio está siendo investigado por su presunta responsabilidad en estos delitos, conforme se indicó en los medios. El 20 de febrero, según la prensa, grupos afines al gobierno pidieron a la Asamblea Nacional que levantara la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, una integrante de ese órgano legislativo que mantiene una postura abiertamente crítica frente al gobierno.
El 16 de febrero, después de que Últimas Noticias publicara el video de los disparos contra manifestantes, el Presidente Maduro declaró en cadena nacional que miembros de la policía de inteligencia (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) que se ven en el video no habían respetado su instrucción de acuartelarse el día en que ocurrieron los disparos. El 17 de febrero, según reportes de prensa, un miembro de la policía de inteligencia fue detenido por participar en los eventos del 12 de febrero y el gobierno destituyó al director de esta fuerza. El gobierno no ha indicado que miembros de la policía de inteligencia u otras fuerzas de seguridad estén siendo investigados por abusos contra civiles.
El 18 de febrero, según trascendió en los medios, la Fiscalía General de la República identificó a Jonathan Rodríguez como uno de los hombres no uniformados en el video de Últimas Noticias e indicó que era sospechoso en dos de las muertes por disparos ocurridas el 12 de febrero. En ese momento, las autoridades aún no habían determinado si era miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
En el video, ninguno de los policías uniformados o guardias nacionales que aparecen en la vía pública próximos a Rodríguez intentó detenerlo cuando disparó su arma, ni impedir que se retire luego de haber disparado.
Grupos de civiles armados afines al gobierno
La organización local de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha documentado evidencias de que el gobierno de Venezuela ha tolerado y estimulado la presencia de grupos de civiles armados en el país. Estos grupos han intimidado a manifestantes y promovido incidentes violentos durante manifestaciones en distintas regiones del país desde el 12 de febrero, según indica la organización de derechos humanos.
El Presidente Maduro expresó el 15 de febrero que no “acept[a] grupos violentos en el campo del chavismo y la Revolución” y que solamente las Fuerzas Armadas deberían portar armas de fuego. A pesar de que estos grupos armados de civiles han operado abiertamente durante años, el gobierno no ha adoptado medidas efectivas para desarmarlos.
Según diversos medios, el 18 de febrero ocho manifestantes recibieron disparos, una de ellos con consecuencias fatales, cuando un grupo de hombres vestidos de civil que se trasladaban en motocicletas abrieron fuego contra una manifestación en Valencia.
Defensores de derechos humanos
También diversos defensores de derechos humanos venezolanos han informado actos de intimidación y violencia. Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, dijo a Human Rights Watch que en la noche del 12 de febrero, cuando salía de su oficina, fue secuestrado por aproximadamente 20 hombres vestidos de negro que tenían el rostro cubierto. Según indicó, fue trasladado en una motocicleta sin placas hasta una zona de Caracas que presuntamente es controlada por grupos armados afines al gobierno. Rodríguez dijo que los hombres lo retuvieron durante dos horas, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo interrogaron acerca del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo en Provea. Señaló que los hombres no se identificaron en ningún momento, pero Rodríguez notó que el líder del grupo empleaba lenguaje policial y escuchó conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con fuerzas de seguridad.
El 13 de febrero, el Ministro del Interior y Justicia Manuel Rodríguez Torres acusó a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental local que monitorea las condiciones penitenciarias en el país, de organizar un plan para “generar ingobernabilidad en todas las cárceles del país y potenciar la matriz de violencia…”. El Ministro Rodríguez Torres afirmó que los sucesos violentos del 12 de febrero fueron el resultado de planes orquestados durante 2012 por Prado y “bandas fascistas” con el propósito de “llevar a Venezuela a una guerra civil”.
No es la primera vez que funcionarios gubernamentales procuran desacreditar a Prado acusándolo de intentar socavar la democracia venezolana. Luego de que Prado criticara en junio de 2011 la actuación del gobierno durante un motín en una prisión venezolana, el entonces ministro de justicia lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente en ese momento afirmó que la crítica era parte de una estrategia para “desestabilizar el país”.
Ataques contra periodistas
Diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia relacionados han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno desde el 12 de febrero. Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea la libertad de prensa en Venezuela, ha documentado 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero. Entre estos se incluyen:
Rafael Hernández, fotógrafo de la revista Exceso, quien señaló haber sido detenido por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 12 de febrero, luego de tomar una fotografía de un policía mientras golpeaba a una mujer. Hernández fue retenido durante nueve horas y golpeado en varias oportunidades por agentes del CICPC, informó Espacio Público. Su cámara fue confiscada por la policía.
Juan Pablo Bieri, periodista colombiano del canal de noticias Red Más Noticias informó haber sido detenido por la Guardia Nacional el 16 de febrero y retenido durante una hora dentro de un vehículo militar, donde fue interrogado y golpeado.
Mariana Cadenas, reportera de la agencia internacional de noticias Agence France-Press, indicó a Human Rights Watch que el 12 de febrero un hombre con vestimenta roja le quitó su cámara, en la cual había registrado imágenes de manifestantes mientras eran detenidos y golpeados. El hombre, y otras 10 personas que lo acompañaban, gritaron a la periodista calificativos como “fascista” y “golpista”. Dijo que aproximadamente 40 miembros de la Guardia Nacional que se encontraban a unos 30 metros de distancia presenciaron el incidente pero no intervinieron. Cuando les pidió ayuda, uno de ellos se negó, y otro dijo: “¿Ustedes no sabían a lo que se iban a enfrentar?”.
Censura de medios de noticias
El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, advirtió a los medios de comunicación que la cobertura de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010. El artículo otorga al gobierno amplias facultades para sancionar a medios privados que difundan contenidos que, a criterio del gobierno, “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.
El 12 de febrero, el gobierno dispuso que los proveedores de televisión por cable del país dejaran de transmitir el canal internacional de noticias NTN 24. El Presidente Maduro indicó al día siguiente que la orden había sido una “decisión de estado” en respuesta a la difusión de las protestas por el canal, por considerar que procuró “transmitir la zozobra de un intento de golpe”.
El 13 de febrero, el Presidente Maduro dio instrucciones a su Ministra de Comunicaciones e Información Delcy Rodríguez para que “tomar[a] medidas” contra corresponsales de Agence France-Press por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”.
El 15 de febrero, el gobierno venezolano limitó la posibilidad de que los usuarios de Twitter obtuvieran imágenes, conforme señaló un representante de Twitter, Inc. a Bloomberg News.
El 16 de febrero, la Ministra Rodríguez señaló que en la prensa nacional e internacional se habían publicado “fotografías manipuladas” en el marco de la cobertura de la violencia, que esto constituía un delito y que el gobierno “tomará acciones judiciales”. Los ejemplos que ofreció incluían el uso de una fotografía de Egipto en un blog del periódico español ABC y el uso de una fotografía de 2010 en un mensaje de Twitter del periódico venezolano Tal Cual para representar los acontecimientos actuales en Venezuela. La ministra también se refirió al uso en el periódico argentino Clarín y el periódico chileno El Mercurio de una imagen de dos policías venezolanos frente a un automóvil en llamas, la cual reconoció que había sido tomada durante las actuales protestas pero, según afirmó, generaban una falsa impresión con respecto a la actuación de los agentes.
El 20 de febrero, el Presidente Maduro anunció que su gobierno había iniciado un proceso administrativo para terminar con la transmisión del canal internacional CNN en Venezuela por la cobertura que realizó de las protestas y la violencia. El 21 de febrero, un sindicato de trabajadores de la prensa reportó que el gobierno había cancelado las credenciales de la corresponsal de CNN en Caracas.
