Por primera vez en 50 años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA demanda a un estado por violación de derechos polÃticos.
El caso se refiere a la inhabilitación contra Leopoldo López para ejercer funciones públicas y la prohibición de su candidatura en las elecciones del 2008, quebrantando asà los estándares establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego de un año de escuchar a ambas partes (Estado venezolano y los representantes de López) la CIDH decidió, el 14 de septiembre de 2009, que se violaron los derechos polÃticos del ex Alcalde de Chacao, recomendando al estado habilitarlo y, además, modificar el ordenamiento jurÃdico que permite que el Contralor de la Republica, por razones administrativas, pueda inhabilitar a un ciudadano.
La CIDH le dio al Estado venezolano un plazo de 2 meses para cumplir estas recomendaciones, sin embargo, ninguna de las medidas fue adoptada, por lo que el caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho sin precedentes en el paÃs pues se abre asà un juicio en contra del Estado por la violación de los derechos polÃticos del ciudadano Leopoldo López.
El caso también se relaciona con la falta de garantÃas y protección judicial y de una reparación adecuada. Es importante destacar que más de 300 venezolanos se encuentran en las mismas circunstancias que se encuentra López, están más de 300 personas.
La CIDH ordena al gobierno venezolano restituir los derechos polÃticos de Leopoldo López
Por primera vez en 50 años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA demanda a un estado por violación de derechos polÃticos.
El caso se refiere a la inhabilitación contra Leopoldo López para ejercer funciones públicas y la prohibición de su candidatura en las elecciones del 2008, quebrantando asà los estándares establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego de un año de escuchar a ambas partes (Estado venezolano y los representantes de López) la CIDH decidió, el 14 de septiembre de 2009, que se violaron los derechos polÃticos del ex Alcalde de Chacao, recomendando al estado habilitarlo y, además, modificar el ordenamiento jurÃdico que permite que el Contralor de la Republica, por razones administrativas, pueda inhabilitar a un ciudadano.
La CIDH le dio al Estado venezolano un plazo de 2 meses para cumplir estas recomendaciones, sin embargo, ninguna de las medidas fue adoptada, por lo que el caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho sin precedentes en el paÃs pues se abre asà un juicio en contra del Estado por la violación de los derechos polÃticos del ciudadano Leopoldo López.
El caso también se relaciona con la falta de garantÃas y protección judicial y de una reparación adecuada. Es importante destacar que más de 300 venezolanos se encuentran en las mismas circunstancias que se encuentra López, están más de 300 personas.
