El 31 de agosto termina un largo proceso que comenzó hace casi tres años. Los magistrados de la CIDH decidirán el miércoles de la próxima semana el caso que hemos promovido contra las inhabilitaciones políticas aplicadas por el Estado venezolano, y que mutilaron los derechos de casi 800 ciudadanos a quienes se les negó, sin juicio ni sentencia, el derecho de participar en procesos electorales.
Por primera vez, jueces imparciales debatirán los argumentos de este caso para hacer justicia. Su decisión marcará el final de un complicado camino que comenzó cuando el Estado Venezolano se negó a restituir nuestros derechos, y convalidó las inhabilitaciones políticas diseñadas por la Contraloría, para torcer la voluntad popular y sacarnos del juego electoral.
Buscamos fuera de nuestro país la justicia que se nos negó en Venezuela y hemos librado una batalla muy difícil. Primero, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que logramos presentar nuestro caso con éxito, y luego en la Corte donde defendimos nuestros alegatos frente a los representantes del Estado el mes de marzo.
Con fe y paciencia hemos superado cada una de las estaciones procesales y hemos llegado al final del trayecto con la convicción de que se hará justicia.
Esperamos la decisión y sabemos que sólo hay una opción sobre la mesa: acatarla. No existe otro camino. No hay margen para ningún atajo procesal o político que impida ejecutar la sentencia que se emitirá el próximo miércoles.
Tanto el Estado venezolano como nosotros nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y la decisión que tomarán los magistrados reunidos la próxima semana en San José de Costa Rica será de obligatorio cumplimiento, según el mandato expreso del artículo 23 de la Constitución. Esta sentencia será trascendental porque su alcance supera nuestro caso particular.
El debate ya no se limita a la habilitación política de Leopoldo López; la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representará una vacuna democrática para eliminar esa grave amenaza que todavía existe sobre las elecciones de 2012, y cuyos efectos se podrán sentir en todo el continente porque la figura de la inhabilitación también ha sido utilizada en otros países del hemisferio como mecanismo de retaliación política.
Hace pocas semanas hemos visto cómo el Estado persiste en el uso de las inhabilitaciones a los que se perfilan con opciones políticas en el panorama electoral venezolano. Es hora de acabar con este chantaje y quitarle de la mano a la maquinaria oficial la posibilidad de sacar de carrera a los candidatos que no pueden derrotar con votos, en elecciones limpias y libres.
Estamos convencidos de que la maquinaria oficial le tiene cada vez más miedo a la voluntad popular; al Gobierno le inquietan los votos, le teme a las primarias y se aleja cada vez más del corazón de la gente.
Después de la sentencia, evaluaremos y tomaremos decisiones. Lo he repetido muchas veces durante los últimos tres años: yo he luchado por restituir mis derechos políticos para usarlos, no para exhibirlos como un trofeo.
Desde el año 2008 libramos esta dura batalla judicial con la verdad en la mano y la hemos llevado hasta las últimas instancias. Hoy estamos más cerca que nunca de comenzar la construcción de la mejor Venezuela, esa nación de paz, bienestar y progreso a la que todos aspiramos.
Sabemos que la razón está de nuestro lado, y tenemos la convicción de que el miércoles terminará una larga batalla y se abrirá un nuevo camino lleno de retos apasionantes que nos llevarán a ese futuro mejor que soñamos para nuestros hijos. Fuerza y fe, Venezuela.
